Seguridad industrial: Responsabilidad de todos, responsabilidad de nadie
El 34 por ciento de las empresas guatemaltecas han reportado algún accidente laboral en los últimos dos años, reporta la OIT.
Por: María José Hernández K.
Foto: Luis Assardo Los trabajadores, como este, se arriesgan de manera innecesaria cuando hacen su trabajo.
En el año 2007 la OIT realizó la Encuesta Nacional de Trabajo y Seguridad Ocupacional, en la que se identifican los riesgos y causas principales de accidentes laborales. Jorge García Molina, experto en Seguridad Industrial, explica que las caídas desde andamios, incendios, aspiración de sustancias tóxicas e incluso problemas de estrés, se derivan de la falta de sistemas de seguridad.
En Guatemala existe el Reglamento General sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, que obliga al empleador a preocuparse por el bienestar laboral de sus empleados y a estos a cumplir lo establecido. El cumplimiento de las normas debe ser supervisado por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. Pero, según Luis Eduardo Ochoa, especialista en el tema de Seguridad Industrial, estas instituciones carecen de personal capacitado para cubrir todas las necesidades. Por aparte “también la Municipalidad debe supervisar la seguridad en las obras que autoriza”, explica José Alfredo Coronado, Comandante Ejecutivo del Cuerpo Voluntario de Bomberos.
La encuesta muestra que sólo el 40 por ciento de las empresas tiene algún trabajador que dedique algún tiempo a la prevención de riesgos laborales. Y en el reglamento cita que “todo lugar de trabajo deberá contar con un Comité de Higiene y Seguridad”. Por esa razón, quienes no lo cumplen “incurren en una ilegalidad”, advierte García Molina.
La seguridad en el trabajo es responsabilidad de todos, empleadores, trabajadores y entidades estatales, pero los expertos coinciden que en Guatemala, “responsabilidad de todos, es responsabilidad de nadie”.
Normas deficientes
En el año 2001 se integraron los esfuerzos del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, IGSS, representantes de los empleadores y de los trabajadores sindicalizados, para proponer una nueva legislación, explica Rolando Figueroa, representante del Consejo Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional, pues la norma existente “ya no se adecua a los modelos de producción actual”.
Las multas por incumplir alguna norma del Reglamento oscilan entre Q25 a Q1,000, por lo que las empresas prefieren pagarlas, antes de asesorarse y prever los riesgos, afirma García Molina.
El Consejo, explica Figueroa, ha estado trabajando en la creación de una nueva “legislación adecuada para implementar programas y políticas en materia de prevención de accidentes y enfermedades profesionales y seguridad social”. La ley ya está redactada y esperan presentarla al Congreso los próximos meses.
Predominan los estándares internacionales
En Guatemala hay empresas con buenas prácticas de seguridad industrial, pero según explica Roberto Chícara, consultor de seguridad, se debe a que estas se rigen por las normas internacionales porque su motivación son los estándares de calidad que demandan los tratados de libre comercio y certificaciones ISO y OHSA.
En el marco del Tratado de Libre Comercio para Centroamérica y el Caribe se creó la Fundación de Apoyo del Centro Regional de Seguridad y Salud Ocupacional, cuyo propósito es integrar los estándares de producción de la región.
Escasa conciencia de los empleadores
“La mayoría de los empleadores consideran la seguridad industrial como un gasto y no como una inversión” comenta Mario Rodolfo Carrera, asesor de higiene y seguridad ocupacional. Además, “termina siendo más caro para la empresa cubrir los gastos de quien sufrió un accidente, que la inversión en medidas de prevención”.
Figueroa coincide que cuando se produce un accidente “la empresa pierde productividad, continuidad de las labores, tiene consecuencias en la familia del trabajador y su entorno. Y si se cuantifica es muchísimo dinero, por lo tanto, tenemos que empezar por la prevención”.
